El alcalde de la provincia de Pataz, Carlos Mariño, manifestó su preocupación ante la ineficacia del estado de emergencia declarado en la región desde el pasado 12 de febrero y prorrogado recientemente por 30 días. Según el burgomaestre, la falta de recursos logísticos limita el impacto positivo de esta medida, mientras la violencia y los enfrentamientos continúan afectando a la población.
“La provincia de Pataz ya va a cumplir un año en estado de emergencia, y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar”, declaró Mariño. Además, criticó que los esfuerzos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) están dirigidos principalmente a proteger intereses privados en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El problema de la violencia está relacionado en gran medida con la minería ilegal, que ha generado enfrentamientos armados entre bandas delictivas y empresas mineras en la zona. En particular, se reportó el hallazgo de una fosa común con 12 cuerpos en una concesión de la empresa Poderosa, señalando la gravedad de la situación.
Según informó Cooperacción, los conflictos se intensifican en los socavones subterráneos, donde los enfrentamientos armados entre grupos de mineros ilegales y la seguridad de empresas como Poderosa son frecuentes. En los últimos cuatro años, se estima que se han extraído ilegalmente 674,160 toneladas de oro, con un valor cercano a los US$ 3,553 millones, sin control ni fiscalización.
El alcalde hizo un llamado a las autoridades nacionales para que prioricen la implementación de medidas efectivas y doten de recursos suficientes a las comisarías locales. “Hay que proteger al pueblo, no solo a las empresas privadas”, enfatizó.
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